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La operación se retrasa mientras un juzgado cita el 13 de marzo a la plataforma demandante, que pide la suspensión cautelar del traspaso
El juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha iniciado los trámites para frenar la venta de Banco de Valencia a La Caixa. Según informó ayer la plataforma de afectados del Banco de Valencia, el juez ha admitido una demanda en la que se pide como medida cautelar la paralización de la operación. La abogada de esta plataforma explicó ayer que el objetivo es «inscribir la demanda en el registro mercantil, lo que impediría que la venta de Banco de Valencia a La Caixa se llevara a cabo». El juez ha señalado la vista para el próximo 13 de marzo, es decir, un día antes de la junta general de accionistas de Banco de Valencia. La venta, en un principio, se iba a celebrar el pasado 25 de febrero aunque actualmente está aplzada 'sine die'.
Según figura en la providencia dictada por la jueza María del Mar Fernández Barjau, tanto la Plataforma de Afectados como el Banco de Valencia (demandado) podrán exponer lo que convenga mediante «de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán si fueran pertinentes». También podrán pedir, cuando sea necesario para acreditar extremos relevantes, que se practique reconocimiento judicial.
La jueza permitirá a Banco de Valencia que acuerde caución sustitutoria, lo que le permitiría al FROB ofrecer otra medida cautelar distinta a la paralización de la venta siempre y cuando pudiera asegurar el cumplimiento de la futura sentencia.
La plataforma de pequeños accionistas ha basado sus demandas en el incumplimiento de directivas comunitarias en materia de protección de sociedades de capital y sociedades de crédito, así como las de debida autorización previa a las medidas de asistencia económica, «ambas infringidas flagrantemente por la dirección del Banco de Valencia y el Frob», según informa mediante un comunicado.
Esta misma asociación (que fue la tercera en nacer tras Pro Banco Valencia y Apabankval) aseguró ayer también que tiene previsto denunciar ante la Fiscalía al director general de la entidad, José Antonio Iturriaga, y al resto de administradores del Banco de Valencia por los «presuntos delitos de administración fraudulenta, prevaricación, malversación de caudales, apropiación indebida, delitos societarios y falsedad documental».
Las denuncias también abordarán los posibles delitos realizados por el FROB durante su gestión. Entre ellos, y según explicó la asociación de accionistas minoritarios, se encuentran «acciones injustificables» como la transmisión y toma de control de los 23 fondos de inversión del Banco de Valencia a la Banca Privada D'Andorra, o la venta muy por debajo de su valor a Banco Madrid de Nordkapp.
Mientras, se está a la espera de que el FROB presente las siete querellas contra empresarios valencianos y de fuera de la Comunitat y contra exdirectivos de la entidad, especialmente contra Domingo Parra, exconsejero delegado de Banco de Valencia, la plataforma de afectados de la entidad quiere ampliar el campo sobre el que deben actuar los juzgados.
Por ello presentarán nuevas denuncias penales sobre la «condonación de avales personales en una multitud de daciones de créditos con perjuicio notable para la entidad, realizando prácticas alejadas de la normativa bancaria y del mínimo respeto a los accionistas». Esto, según los accionistas minoritarios, pone de manifiesto el «vaciado que se está haciendo de la entidad» desde que desembarcó el FROB.
El objetivo de la Plataforma de Afectados de Banco de Valencia, que se califica como la asociación más activa y útil de cuantas existen, es cuestionar «las maniobras de venta del banco, la capitalización en beneficio de Caixabank, y los privilegios que se le da a esa entidad en detrimento de los de los accionistas del Banco de Valencia que han visto desaparecer su inversión por la gestión y venta del equipo de Iturriaga que ha entregado tras descapitalizar en un año la entidad un nuevo banco saneado con 5.000 millones de euros que pagarán todos los españoles a La Caixa».
